27 de junio de 2025
Texto y fotografías: Ignacio Coll Tellechea
Más de medio millón de personas tienen autismo en España. Se trata de una condición neurológica que afecta a la comunicación e interacción social y al comportamiento.
Según la Confederación Autismo España, cada año nacen unos 4.200 niños con autismo, pero la media de edad de su diagnóstico se establece cerca de los cuatro años. Por eso, la capacidad para valorar e identificar esta condición por debajo de esa edad es una prioridad.
Precisamente esa es una de las actividades principales del grupo de investigación reconocido Cognición y Trastornos del Neurodesarrollo y del grupo de transferencia de conocimiento en Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca, de los que forma parte el catedrático de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico Ricardo Canal Bedia.
“Llevamos más de dos décadas trabajando en sistemas de detección precoz del trastorno del espectro autista y colaborando con los servicios de salud y educativos para transferirles ese conocimiento”, explica el profesor Canal Bedia en el arranque de la conversación, que tiene lugar en la Facultad de Educación de la USAL. “Hemos validado dos herramientas que han servido de recurso para que la práctica profesional de los pediatras y los educadores evolucione hacia un enfoque más proactivo, lo que está facilitando la detección del autismo en niños pequeños”.
El trabajo de los investigadores salmantinos se lleva a cabo en colaboración con los profesionales sanitarios y educativos, y a instancias de las administraciones. En especial, la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (SACYL), que ha financiado gran parte de los trabajos.
Desde el año 2020 los pediatras de la comunidad autónoma utilizan el cuestionario M-CHAT-R/F, que consta de 20 preguntas que las familias contestan. Los sanitarios trasladan las respuestas a una aplicación, y el protocolo se activa cuando el pediatra entiende que hay posibilidad de que el niño tenga autismo.
Su aplicación no es universal y se utiliza, por ejemplo, cuando el niño tiene un hermano con autismo. Y hay dos momentos establecidos por el sistema sanitario para administrar el cuestionario: A los 18 y a los 24 meses.
El modelo de los investigadores salmantinos se aplica desde el año 2014, pero también utilizan los registros que obtuvieron con herramientas anteriores, por lo que cuentan con datos de cerca de 50.000 niños que han participado en el programa.
“Estos datos son muy valiosos, porque nos permiten tener una medida de cuántos niños de los que hacen los test son diagnosticados de autismo, con lo que mejora la detección. Y, por otra parte, los pediatras cuentan con un recurso para actuar de manera proactiva a partir de su criterio o a petición de los padres”, apunta Canal Bedia, que pone el foco en “lo organizado que está el modelo en Castilla y León”.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia supuso un cambio estructural para las personas dependientes y sus familias, que requirió de la participación de especialistas en su diseño e implementación.
Desde entonces Ricardo Canal y su grupo de investigación han sido requeridos por la administración en varias ocasiones, la última para validar una herramienta que permite determinar el grado de dependencia de niños entre cero y seis años de edad, en este caso, a petición del IMSERSO. Con la nueva ley en pleno trámite parlamentario, el modelo de los investigadores salmantinos hace posible ampliar la herramienta de validación, que hasta ahora abarcaba el rango de entre los tres y los seis años.
La gestión del reconocimiento del grado de discapacidad ha ido cambiando en el transcurso de este siglo, y también aquí la administración ha requerido la participación de los expertos salmantinos.
En este caso, la clave es la implementación en España del modelo de Clasificación del Funcionamiento y la Discapacidad (CIF), un estándar internacional que se usa como base del sistema de valoración nacional que se aplica desde el año 2023, y para el que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha demandado su evaluación al Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la USAL (INICO), en el que trabajan los investigadores salmantinos.
“Aquí la complejidad es en valorar cómo se aplica el modelo por territorios, porque la condición de discapacidad está en función del entorno en el que viven las personas”, apunta Canal, que hace hincapié en “la inquietud de muchas organizaciones del tercer sector sobre el sistema de valoración que se está aplicando”.
La actividad de investigación y transferencia del grupo de investigación de la USAL incluye también al sector privado, en concreto en el campo del autismo.
“Una de las líneas de trabajo en la que estamos avanzando es el diseño de dispositivos vestibles capaces de detectar signos de riesgo de autismo en bebés. A nivel de investigación, estamos registrando elementos como el sueño, llanto, actividad motriz espontánea y determinadas constantes vitales que pueden ayudar al diagnóstico no solo del autismo, sino de otros trastornos del neurodesarrollo”, explica el catedrático de la USAL.
El proyecto en el que trabajan los investigadores salmantinos hará posible que esos dispositivos identifiquen signos específicos del llanto que pueden ser marcadores de riesgo de un trastorno neurológico.
“Utilizamos una pulsera diseñada especialmente para bebés y niños, colaboramos con ingenieros del grupo de investigación BISITE de la USAL, empleando herramientas de inteligencia artificial, y contamos con la financiación de Mutua Madrileña, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades”, y de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León explica Ricardo Canal sobre este proyecto.